Ricardo Alarcón de Quesada
El 25 de mayo de 2001 el Gobierno
de Estados Unidos hizo algo que describió como “un paso sin precedentes” al presentar una “petición de emergencia”
a la Corte de Apelaciones buscando modificar las instrucciones que deberían
guiar al jurado de Miami al pronunciarse sobre la acusación que pesaba sobre
Gerardo Hernández Nordelo.
Al hacerlo reconoció que “Estados Unidos presenta esta petición
totalmente consciente de los numeroso obstáculos que debe superar.”
El principal cargo contra Gerardo
- “conspiración para cometer asesinato en primer grado”- había sido el eje
alrededor del cual había girado el proceso seguido en Miami contra los Cinco
antiterroristas cubanos, el juicio más prolongado de la historia norteamericana
y le más silenciado también.
El gobierno actuó con asombrosa
celeridad. Tras seis días de discusiones a la 1:00 PM del 25 de mayo la jueza había terminado sus instrucciones
estrictamente ajustadas al Acta acusatoria de la Fiscalía. Esa misma tarde los
fiscales hicieron llegar a la Corte de Atlanta su inusual y urgente apelación.
El gobierno reconocía dramáticamente su fracaso en
demostrar la falaz acusación con estas palabras: “A la luz de las pruebas presentadas en el juicio, esto
constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y
probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo”.
Fue más allá: “este caso puede establecer un precedente
devastador… el perjuicio para el gobierno será irremediable y el daño duradero”
y repitió “impone una barrera
insuperable a esta acusación”.
La Corte de Apelaciones no aceptó la petición
gubernamental. Pocos días después, el 6 de junio, Gerardo fue encontrado
culpable y le fue impuesta la irracional sentencia de dos cadenas perpetuas más
15 años por un supuesto crimen que el propio acusador reconoció había fracasado
en sostener.
¿Cómo explicar lo ocurrido? Ante
todo porque el juicio tuvo lugar en Miami, nido de los grupos terroristas que
él combatió heroicamente, y donde había sido condenado de antemano en una
campaña de odio y calumnias de la prensa local pagada por el gobierno federal,
como se supo después.
Los mismos medios que nunca
informaron sobre la “petición urgente” del 25 de mayo de 2001. Los mismos que
siguen imponiendo la censura total diez años después.
Texto leído como parte del discurso pronunciado durante
la inauguración de la XV Reunión de
las Comisiones de Salud; de Equidad de
Género, Niñez y Juventud; y de Asuntos
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del PARLATINO
La Habana, 26 de mayo de 2011
La Habana, 26 de mayo de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario