HAVANA TIMES, May
27 — La destitución del Ministro de Transporte, Jorge Luis Sierra, me
sorprendió dado que este es uno de los pocos sectores donde se puede
decir que
el país ha avanzado ostensiblemente, tanto a nivel urbano como
interprovincial.
Me pregunté cuáles
habrán sido los errores cometidos por Sierra y busqué información entre
los
funcionarios de gobierno. Cuando me dijeron la causa me costó tanto
creerlo que
seguí buscando nuevas fuentes para confirmarlo.
Al parecer el
pecado del ex ministro fue autorizar la importación de automóviles sin
pago de
impuestos a aquellos cubanos que tuvieran un vehículo viejo para
entregar a
cambio y dinero suficiente como para comprarse uno nuevo en el
extranjero.
Yo conocía la
medida y me pareció una forma inteligente de renovar el parque
automotriz sin
inversiones por parte del gobierno. Las cosas, sin embargo, se salieron
del
cauce previsto por las autoridades del ministerio.
La mayor parte de
los automóviles comprados por los cubanos fueron de lujo, Mercedes Benz,
Audi y
BMW, del año. Algunos artistas compraron vehículos de más de US$50.000
pero
hubo empleados estatales, con salarios de US $30 al mes, que importaron
vehículos de US $15.000.
De inmediato
sonaron todas las alarmas y se suspendió la importación justo cuando los
que
tienen menos dinero se aprestaban a cambiar el automóvil. Los más
adinerados
no tienen de qué preocuparse; ya sus carros de lujo los distinguen.
Podríamos hablar
horas de anécdotas de este caso y de la idiosincrasia de los cubanos
pero lo
cierto es que el problema está mucho más en el fondo, está en los
mecanismos
creados por el sistema en relación con los automóviles.
Normalmente para
que un ciudadano pudiera comprarse un vehículo necesitaba el permiso del
vicepresidente de la
República. No sé quién lo autoriza ahora pero durante años
fue tarea de Carlos Lage decidir quién se merecía un carro.
Teóricamente se ha
dicho muchas veces que la venta de automóviles debe orientarse hacia
aquellos
que los necesitan para desarrollar su labor social. Afirman que el
ecosistema
colapsaría si todos los habitantes del planeta tuvieran un vehículo
propio.
Sin embargo,
después las mismas autoridades premian a los ciudadanos con automóviles.
Durante los años buenos se les vendían carros a trabajadores muy
destacados y
hace poco tiempo se los entregaron a los deportistas retirados.
El vehículo es el
Premio Gordo. Tengo un conocido que por sus aportes técnicos durante la
crisis
económica de los 90 recibió una moto; al año siguiente hizo nuevos
inventos y
le entregaron otra y como siguió destacándose, en este milenio le
vendieron un
auto Lada.
Nadie le preguntó a
este cubano destacado si necesita una casa, mejoras salariales o si
quiere
hacer un viaje. No, él se merecía un gran estímulo y eso es un
vehículo. Así
que este señor tendrá que decidirse entre ampliar el garaje o dejarse de
inventar cosas.
El absurdo es tal
que para impedir que los premiados puedan revender los carros a terceros
que no
se lo merecen, existe una directriz que prohíbe los traspasos de dueño,
aunque
este es un trámite que la propia ley cubana autoriza.
Para complicarlo
aún más están las excepciones. Los marinos, artistas o diplomáticos
pueden
comprar automóviles siempre que demuestren sus ingresos. Sin embargo, a
los
campesinos no se les permite, aunque prueben que el dinero es producto
de su
trabajo.
Y no sólo hablamos
de automóviles; los campesinos no pueden comprar camiones ni tractores.
Es más,
conozco el caso de uno al que le regalaban un tractor en el extranjero y
las
autoridades le negaron el derecho a importarlo a Cuba.
Como los
extranjeros sí tienen esa posibilidad, algunos cubanos les ofrecen
dinero para
que lo compren a su nombre. Invierten miles de dólares a sabiendas de
que
cuando el propietario legal vuelva a su país el carro ya no puede
circular.
El enorme caos se
ha convertido en un terreno fértil para el mercado negro, donde cada año
se
venden automóviles aprovechando los resquicios legales y forzando la ley
con
algún dinero puesto, discretamente, en manos de funcionarios venales.
La relación de las
autoridades cubanas con los vehículos automotores es extraña; casi
traumática.
Han convertido al automóvil en la mayor aspiración material del
ciudadano, a la
que sólo se puede acceder tras acumular grandes méritos.
El presidente Raúl
Castro eliminó ya algunas de las prohibiciones que pesaban sobre la
ciudadanía
-hoteles, celulares, Internet- y el universo siguió intacto. De igual
forma,
una apertura en la venta de carros, sólo afectaría a la burocracia, al
mercado
negro y a la corrupción.
Tenemos confianza de que nuevos estudios surgan con el fin de repasar este tipo de cosas ,por lo que ponemos toda nuestra confianza a nuestra revolución.
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