COMUNIDAD CUBANA EN CANADA/COMMUNAUTÉ CUBAINE AU CANADA

EL PLAN BUSH CONTRA CUBA

Introducción La publicación del Informe de la llamada “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre”, anunciada para el presente año, había sido dilatada desde el pasado 20 de mayo, fecha en que originalmente se previó su entrega a Bush.
Finalmente, el 10 de julio, se dio a conocer de forma oficial el Informe mediante una breve declaración escrita del presidente Bush y su presentación ante la prensa por los co-presidentes de la Comisión, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el Secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, así como el llamado “coordinador para la transición en Cuba” del Departamento de Estado, Caleb McCarry. Dos días más tarde, el 12 de julio, McCarry fue a rendir cuenta a los representantes de la mafia cubana de Miami, antes quienes presentó formalmente este informe.
El Informe del 2006 no sustituye ni modifica el Plan del 2004. Por el contrario lo toma como base y lo enriquece, adicionando medidas que refuerzan la política de guerra económica contra Cuba, incorporan nuevas fuerzas para lograr el derrocamiento de la Revolución e incrementan de manera significativa el financiamiento directo e indirecto a la subversión interna. Todas las medidas incluidas en el 2004 mantienen plena vigencia.
La existencia de recomendaciones en un anexo secreto alegando razones de Seguridad Nacional y para “lograr su efectiva realización” es una nueva particularidad de este Informe. Su mayor importancia radica en el hecho de que tales recomendaciones están referidas específicamente al Capítulo 1 dirigido a precipitar el derrocamiento del Gobierno revolucionario.
El Plan está basado en el estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley Helms-Burton, la que señala que el bloqueo se mantendría después del hipotético triunfo de la contrarrevolución, hasta tanto se cumplan un grupo de requisitos, cuyo principal reclamo es que “se registren progresos palpables en el proceso de devolución de las propiedades” a los antiguos explotadores (Sección 206) llegando incluso a señalar que la liquidación de este asunto es “condición indispensable para el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y diplomáticas” (Sección 207) entre ambos países.
El segundo Informe fue elaborado sobre la base de las recomendaciones del Plan del 2004 y consta solamente de 93 páginas, organizadas en los siguientes siete capítulos:
•Capítulo 1: “Acelerar el fin de la dictadura de Castro: Transición, no sucesión”.
•Capítulo 2: “Ayudar a los cubanos a responder a necesidades humanitarias y sociales críticas”.
•Capítulo 3: “Ayudar a los cubanos a lograr elecciones libres y justas”.
•Capítulo 4: “Ayudar a los cubanos a crear oportunidades económicas basadas en el mercado”.
•Capítulo 5: “El papel de la comunidad internacional”.
•Capítulo 6: “El papel vital de los cubanos en el exterior”.
•Capítulo 7: “Prepararse ahora para apoyar la transición”.
En la confección del Plan Bush participaron más de 100 funcionarios de 17 departamentos y agencias federales.
Al igual que en 2004, el primer capítulo del Informe enuncia la estrategia y las medidas específicas que la Comisión recomienda aplicar de inmediato para precipitar el derrocamiento de nuestro Gobierno.
Capítulo 1: “Acelerar el fin de la dictadura de Castro: Transición, no sucesión”.
Se argumenta la necesidad de elaborar este Informe debido a los cambios ocurridos dentro y fuera de Cuba. A lo interno, se mencionan el supuesto mayor activismo de la contrarrevolución, así como el desaliento y el desencanto de nuestro pueblo respecto a la Revolución.
A lo externo, se acusa a Cuba de utilizar el apoyo económico de Venezuela para promover la “subversión” de los “gobiernos democráticos” en el Hemisferio para lograr la continuidad de la Revolución y que resulta imperativo evitar el éxito de la estrategia de sucesión cubana “mediante el apoyo de gobiernos similares en particular Venezuela” que permitan contrarrestar las acciones norteamericanas.

El objetivo del gobierno de EE.UU. es evitar la continuidad del gobierno revolucionario por lo que las medidas de este capítulo ratifican el Plan en su totalidad, es decir:
•Fortalecer la contrarrevolución interna e intensificar la propaganda contra nuestro pueblo.
•Diseñar una estrategia para lograr el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos del gobierno de EE.UU. por evitar la continuidad de la Revolución.
•Intensificar el bloqueo y las medidas de asfixia económica contra Cuba.
Precisamente en este capítulo se plantea que muchas de las medidas concebidas contra Cuba permanecerán clasificadas, alegándose “razones de seguridad nacional” y la necesidad de garantizar “su efectiva aplicación”.
Las medidas anunciadas en el Capítulo 1 pueden ser agrupadas en ocho categorías, a saber:
1) Aumento del financiamiento a la subversión interna y las campañas propagandísticas contra Cuba. Se crea el “Fondo Cuba para un Futuro Democrático”, al cual se asignan 80 millones de USD, a ser provistos en dos años, que se desglosan como sigue: 31 millones de USD para apoyar a la contrarrevolución interna y crear una “sociedad civil” al estilo norteamericano; 10 millones de USD para becas y cursos de entrenamiento en universidades de los EE.UU. y terceros países a individuos seleccionados por la contrarrevolución interna; 24 millones de USD para la propaganda contra nuestro pueblo, incluida a través de Internet; y 15 millones de USD en apoyo a los esfuerzos internacionales para la subversión contra Cuba y la “planificación de la transición” al capitalismo neocolonial en nuestro país. Además, recomienda otorgar cada año no menos de 20 millones de USD para financiar la subversión contra nuestro gobierno revolucionario, mientras este exista. 
2) Incremento de la guerra radio electrónica contra Cuba. Propone financiar las transmisiones de TV “Martí” hacia Cuba por vía satélite, suministrar equipamiento a la contrarrevolución interna para recepcionar transmisiones internacionales, expandir las transmisiones contrarrevolucionarias hacia Cuba desde terceros países, diseñar programas especiales hacia la juventud cubana y celebrar reuniones trimestrales entre agencias del gobierno de los EE.UU. para coordinar la estrategia sobre estas transmisiones. Aunque el Informe no menciona a Radio “Martí”, estas trasmisiones continuarán de acuerdo con la guerra radio electrónica que mantiene el gobierno de los EE.UU. contra Cuba.
3) Ofensiva para que gobiernos y ONG de terceros países, así como determinados organismos internacionales se sumen a la política de los Estados Unidos contra Cuba. El segundo Informe hace énfasis en la necesidad que tiene el gobierno de los EE.UU. de ampliar el consenso internacional en torno a su política contra Cuba, por medio del desarrollo de una “campaña de propaganda y desinformación”.
Para ello se proponen crear una coalición de países para apoyar el “cambio de régimen” en nuestro país y establecer compromisos bilaterales con países de Europa y América Latina para sumarlos a esa política.
Establecen una distinción entre países amigos de Cuba que apoyen la continuidad de la Revolución, como Venezuela e Irán, y los aliados de EE.UU. que respalden el regreso al capitalismo. Estimulan la presentación de casos contra nuestro gobierno en la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

4) Recrudecimiento del bloqueo a través de medidas dirigidas a ejercer una mayor presión económica y financiera sobre Cuba. Entre las medidas se destacan:
-Establecimiento de nuevos mecanismos entre las agencias del gobierno de los Estados Unidos para perfeccionar la implementación de las regulaciones del bloqueo y la adopción de sanciones contra los violadores, incluyendo el enjuiciamiento penal.
-Prohibición del envío directo de remesas a través de instituciones establecidas en terceros países.
-Prohibición de las ventas de equipos médicos que sean destinados a programas para extranjeros, con el objetivo de entorpecer los programas de la Revolución para ofrecer servicios médicos a otros pueblos del Mundo, tanto en Cuba como en el exterior, como por ejemplo la labor de la Brigada Henry Reeve y la Operación Milagro.
-Establecimiento de un órgano conformado por distintas agencias norteamericanas, la Fuerza de Tarea Interagencia del Níquel Cubano, para incrementar el control sobre las importaciones de productos que puedan contener níquel cubano y desalentar el comercio internacional de níquel y cobalto cubanos, con lo cual reconocen el potencial y la importancia alcanzados por esta actividad económica en nuestro país.
-Prohibición de la exportación de artículos humanitarios por  “organizaciones controladas” como el Consejo de Iglesias de Cuba.
-Mayor persecución contra las operaciones comerciales cubanas a través de otras compañías y contra las transacciones financieras de Cuba, sumando a otros países y entidades internacionales en este esfuerzo.
5) Aplicación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton. Aplicar el Título III de la Ley Helms Burton, que permite entablar demandas en tribunales norteamericanos, contra los inversionistas extranjeros de aquellos países que apoyen la continuidad de la Revolución en Cuba. Respecto al Título IV, que niega visas para viajar a EE.UU. a ejecutivos de compañías y sus familiares, establecen su aplicación más rigurosa a empresarios que invierten en sectores estratégicos para nuestro país como son la perforación y extracción de petróleo, el turismo, el níquel, el ron y el tabaco.
6) Medidas contra funcionarios del Gobierno cubano, entre ellas:
-Elaborar una Lista de Esbirros, que facilite el “ajuste de cuentas” que anhelan tras el derrocamiento de la Revolución, y en la cual incluirían a quienes consideren que han participado en acciones para neutralizar a la contrarrevolución interna, establecen así, la represión masiva y generalizada de los revolucionarios. Los incluidos en esta Lista la que aclaran que podía ser larga, estarían descalificados para recibir visas de entrada a los EE.UU., y se les negarían los “beneficios” de residencia permanente en los EE.UU. que garantiza la Ley de Ajuste Cubano.
-También se proponen enviar a INTERPOL los nombres de los funcionarios cubanos que ellos vinculan al derribo en 1996 de las avionetas de la organización contrarrevolucionaria “Hermanos al Rescate”.
7) Acciones para evitar la continuidad del gobierno revolucionario en nuestro país, a través de campañas de opinión pública y desinformación proyectar la imagen de que ha llegado el momento del “cambio” en Cuba y por tanto es necesario acelerar los esfuerzos para el derrocamiento de nuestra Revolución.
8) Temas migratorios. El informe manipula a la emigración cubana como una fuerza a ser priorizada por el gobierno de los EE.UU. para lograr el regreso al capitalismo. Acusa cínicamente a Cuba de violar sus compromisos con los Acuerdos Migratorios y recomienda hacer esfuerzos diplomáticos para “notificar” al Gobierno cubano sobre sus supuestos “incumplimientos” de estos acuerdos y su “interferencia” en la política migratoria norteamericana.
En sus capítulos 2, 3 y 4 el Informe retoma muchos de los elementos expuestos en el “Plan de 2004”, que se refieren a los pasos que el gobierno de los EE.UU. daría para intervenir directamente en el proceso revolucionario cubano, con el objetivo de desmantelar el sistema económico, político y social de Cuba y crear las condiciones necesarias para facilitar el sometimiento y la anexión de nuestro país.
Capítulo 2: “Ayudar a los cubanos a responder a las necesidades humanitarias y sociales críticas”.
Se centra en seis temas esenciales de los cuales teóricamente se ocuparía el gobierno contrarrevolucionario para el desmantelamiento de la Revolución y el regreso al capitalismo: el abastecimiento de agua y los servicios de sanidad; la salud y nutrición; la seguridad alimentaría; la vivienda; la protección de sectores poblacionales vulnerables; y la educación.
Este capítulo niega los logros sociales alcanzados por la Revolución en beneficio del pueblo y acusa a nuestro gobierno de no dar respuesta a las necesidades humanitarias más importantes de la población, afirmando que esta situación no cambiará mientras exista el gobierno revolucionario.
Reconocen que la “transición” al capitalismo generaría pobreza, desplazamientos poblacionales y, por consiguiente, problemas de alimentación, sanidad y salud, y traspasa a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e iglesias gran parte de las responsabilidades que actualmente tiene el Estado socialista en el aseguramiento de los servicios básicos.
Además, consciente de la “crisis humanitaria” que la “ocupación” provocaría, este capítulo declara la supuesta “disposición” del gobierno de los EE.UU. a brindar su “ayuda” en estas esferas, algo que no es capaz de garantizar a una parte significativa de su propia población, como demuestra el abandono a su propia suerte de los miles de víctimas del huracán Katrina.
Como muestra de su desprecio total hacia los avances de Cuba en materia de salud, el Informe reitera que los EE.UU. ayudarán al “gobierno títere” a “desarrollar campañas de vacunación, controlar la inmunización permanente de todos los niños y la de los menores de cinco años que no hayan sido vacunados”.
En la esfera de la seguridad alimentaría, previendo el caos que sobrevendrá durante la “ocupación”, el Capítulo 2 asegura que los EE.UU. brindarían ayuda para “suministrar al sistema escolar suplementos nutritivos para los niños, a fin de mantener una dieta adecuada mientras el gobierno contrarrevolucionario estabiliza el sistema de salud pública”.
En lo que respecta a la educación, otra vez, en previsión de la situación anárquica que reinaría en el país, el Informe repite que los EE.UU. ayudarán al gobierno instaurado por ellos a mantener las escuelas abiertas y a que los estudiantes permanezcan en el sistema escolar”, así como a “asegurar que las instalaciones y los servicios educacionales estén disponibles para la mayor cantidad posible de personas”.
Por último, como muestra del dominio que los EE.UU. pretenden ejercer, el Informe plantea que el gobierno norteamericano se compromete a “organizar grupos de maestros voluntarios del exterior”, así como sustituir los libros de texto existentes con el apoyo de donantes y editores extranjeros, en particular de países miembros de la OEA. Con esto evidencian la intención de eliminar el actual sistema estatal de educación y todos los impresionantes avances alcanzados por nuestro país en esta esfera.
Capítulo 3: “Ayudar a los cubanos a obtener elecciones libres y justas”.
Este acápite no oculta que el primer objetivo que los EE.UU. tratarán de alcanzar durante la ocupación es el desmantelamiento del sistema político socialista y, en primer lugar, del PCC, lo que se considera un requisito indispensable para asegurar la posterior dominación del país en todos los órdenes.
En este sentido, se afirma abiertamente que el nuevo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos, como máxima prioridad, en la organización de “elecciones multipartidistas” y “no sobrecargarse con otras tareas relacionadas con el desarrollo y crecimiento de la sociedad cubana”.
Se establecen una serie de precondiciones para que los EE.UU. den cualquier tipo de ayuda en este proceso, entre las cuales sobresalen la liberación de los contrarrevolucionarios sancionados y la eliminación del papel que la Constitución le confiere al PCC, como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado.
El Informe reitera que los EE.UU. ayudarán al nuevo gobierno a modificar las leyes, regulaciones y políticas e identificar aquellas que deben ser revocadas o enmendadas.
Por último, este capítulo menciona también la asistencia técnica y material que los EE.UU. brindarían para el regreso de la prensa capitalista, que represente y defienda sus intereses.
Capítulo 4: “Ayudar a los cubanos a crear oportunidades económicas basadas en el mercado”.
Se refiere esencialmente a las medidas que adoptaría el gobierno neocolonial con el apoyo de los EE.UU. para lograr la “estabilidad macroeconómica” capitalista, la “integración en el sistema comercial y financiero internacional” subordinada a los dictados económicos de los EE.UU., la restauración del capitalismo en Cuba, y el supuesto papel de este gobierno en apoyo a los “derechos laborales, de propiedad, a la agricultura e infraestructura”.
Desacredita en su totalidad a la economía socialista cubana y crea ilusas expectativas sobre los supuestos “beneficios” que conllevaría la sumisión a los postulados de dominación económica y financiera de Washington.
Reconoce que los “cambios” económicos causarían “ansiedad” y serían “duros”, al mismo tiempo que pretende fundamentar una supuesta aptitud del pueblo cubano para la economía capitalista, prometiendo que las transformaciones propuestas garantizarán empleo y crecimiento económico, y generarán mayor inversión extranjera e ingresos turísticos.
Por otro lado, el Informe recuerda que tiene reservadas para Cuba recetas de ajuste neoliberal, al condicionar la normalización de las relaciones crediticias con el exterior a la aceptación de un programa del FMI, y anunciar que cualquier tratamiento serio de la deuda externa cubana requeriría una aprobación del Congreso de los EE.UU. Asimismo, promete trabajarían con los aliados en la consecución de acuerdos de libre comercio con Cuba.
En resumen, se proponen destruir las bases y la organización de nuestra economía, que garantizan el sustento y desarrollo de nuestro pueblo, dando lugar a la privatización, el caos y el control de la economía por el gobierno de los EE.UU., mediante la Comisión que presidirán para la Reconstrucción Económica.
En cuanto a los derechos de propiedad, el Informe pretende tranquilizar al plantear que no habrá “expulsiones arbitrarias”, aunque recordando que el gobierno neocolonial adoptará “decisiones sobre las propiedades confiscadas”, en las cuales tendrá en cuenta los intereses de los expropiados y de la contrarrevolución en el exterior. De igual forma devolverían a sus antiguos dueños todas las propiedades con los consiguientes desalojos bajo la supervisión y control del gobierno de EE.UU. mediante la Comisión presidida por ellos para la devolución de las propiedades.
En la esfera de la agricultura, también se proponen proceder a la devolución de las tierras y eliminar la “interferencia del Estado” para dar lugar al regreso de los latifundios.
En lo que respecta a la infraestructura, niegan los enormes resultados alcanzados por nuestro país en su mejoría y plantean cínicamente que el gobierno de los EE.UU. trabajaría por “estabilizar la situación eléctrica lo antes posible” para demostrar al pueblo cubano “que les espera una vida mejor”.
Las supuestas “mejoras” en la infraestructura que proponen, estarían subordinadas a los intereses del gobierno de los EE.UU. y de sus aliados contrarrevolucionarios, y entre las “soluciones” que ofrecen, mencionan la creación de un grupo de donantes “Amigos de Cuba Libre” y la creación de un “ferry” Florida-La Habana para “aliviar” los problemas en esta esfera.
Entre los problemas que deberán ser resueltos a más largo plazo por el gobierno contrarrevolucionario, el Informe numera:
-El “papel de los militares en la economía”.
-La reconciliación de los cubanos “de adentro y de afuera” en materia de “derechos de propiedad”.
-La conveniencia de que los cubanos en el exterior regresen e inviertan en la “nueva” Cuba.
El Informe reconoce la complejidad que representaría para el gobierno contrarrevolucionario la solución de estos obstáculos a los planes de dominación yanqui.
Capítulo 5: “El papel de la comunidad internacional”.
El Informe dedica un capítulo específico a este tema, asignando un mayor papel a la comunidad internacional en los planes de los EE.UU. para asistir al gobierno contrarrevolucionario en el desmantelamiento del socialismo en Cuba.
El contenido de este acápite confirma que intentan arreciar las presiones para que gobiernos de terceros países y organizaciones no gubernamentales e internacionales se sumen a la política de “cambio de régimen” en Cuba, y trabajen con el gobierno de los EE.UU.
Para dar respuesta a las “necesidades humanitarias y sociales” que reconocen se crearían ante la añorada imposición en Cuba de un gobierno contrarrevolucionario, incluyen en su mandato las siguientes organizaciones e instituciones internacionales:  
-Abastecimiento de agua y la sanidad pública (Organización Panamericana de la Salud-OPS y UNICEF).
-Salud y nutrición (Oficina de NN.UU. para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, OPS, Cruz Roja Internacional y organizaciones cubanas independientes).
-Seguridad alimentaria (anteriores más FAO).
-Refugio (Alto Comisionado de NN.UU. para Refugiados, Organización Internacional para la Migración, Oficina de NN.UU. para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Comité Internacional de la Cruz Roja, Hábitat ONU, PNUD, OPS y Banco Caribeño de Desarrollo).
-Educación (PNUD, UNESCO, Unión Europea, OEA).
Para lograr las “elecciones” manipuladas por el gobierno de los EE.UU. y que permitan “legitimar” al gobierno contrarrevolucionario ante la comunidad internacional, proponen la “asistencia técnica internacional” organizada por ellos
También se refieren a los planes de “reforma de los servicios militar y de seguridad” y de “lucha contra los narcóticos y el terrorismo”, para lo cual promoverían el regreso de Cuba como miembro del ministerio de colonias, o sea la OEA.
El paso de la economía de mercado sería impuesta por el gobierno de los EE.UU. mediante la injerencia abierta de las instituciones financieras internacionales controladas por ellos (FMI, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA).
Para “garantizar” los derechos de propiedad y el “restablecimiento de los títulos de propiedad”, acudirían también a la asistencia internacional.
Se establecería una “conferencia de donantes internacionales” para la “asistencia a corto plazo en materia de renovación y desarrollo de la infraestructura”.
Capítulo 6: “El papel vital de los cubanos en el exterior”.
Este capítulo es nuevo, aunque en el Informe de 2004 se mencionaron algunos de los temas aquí abordados.
El Plan Bush diseña un grupo de medidas que deberán ser tomadas para que, en el momento de la restauración neocolonial, la contrarrevolución cubana radicada en el exterior pueda “ayudar” al gobierno impuesto en Cuba, en áreas como:
-Informática, infraestructura, investigación y know-how, préstamos e inversiones capitales.
-Salud y nutrición, a través de los servicios de médicos y enfermeras calificados, y especialistas en desastres.
-Seguridad alimentaria, agua y sanidad.
-Servicios de educación, como parte de los cuales se prevé invitar a maestros en el exterior de origen cubano y administradores para que trabajen de manera voluntaria “en apoyo” a los maestros cubanos y administren los sistemas de educación primaria y secundaria durante la transición, como prueba del total desprecio por los impresionantes resultados obtenidos por nuestro sistema de educación.
-Organización de las “elecciones” impuestas por el gobierno de los EE.UU.
-Apoyar la campaña contrarrevolucionaria sobre las “violaciones de los derechos humanos” supuestamente cometidas en Cuba.
-Mantener e incrementar las remesas familiares como fuente importante de ingresos para el gobierno contrarrevolucionario.
-Establecer nuevas instituciones financieras o dar asistencia a instituciones radicadas en los EE.UU. para que creen nuevas dependencias en Cuba, que canalicen fondos en apoyo al gobierno contrarrevolucionario.
Igualmente, se sugiere que durante este período debido a la complejidad del asunto de la devolución de propiedades es necesario esperar a que se afiance primero el gobierno impuesto para proceder según establece la Helms-Burton y dar lugar entonces a la “devolución” de las propiedades a batistianos y burgueses expropiados por la Revolución.

Capítulo 7: “Prepararse ahora para apoyar la transición”.
Este capítulo se refiere a las acciones que desarrolla actualmente el gobierno de los EE.UU. para destruir la Revolución, abiertas o encubiertas.
Confirma que este Informe da continuidad al anterior  y que con él no concluyen los esfuerzos del gobierno de los EE.UU. para forzar el derrocamiento de la Revolución en Cuba, sino que los mismos proseguirán en el futuro. El “Plan Bush” propone involucrar más a la comunidad internacional, de inmediato, en la fase de “planificación” de las acciones para alcanzar ese objetivo.
En el Informe se califican de decisivos los primeros 6 meses del nuevo gobierno que instalen y las medidas que adopte en ese período, lo que evidencia la intención del gobierno de EE.UU. de acometer acciones de emergencia que garanticen el cumplimiento posterior de sus planes de dominio sobre Cuba.
Las recomendaciones propuestas en este capítulo incluyen fortalecer el papel del Gobernador para Cuba (“Coordinador para la Transición”), Caleb McCarry, quien promovería el financiamiento y el apoyo al plan entre la contrarrevolución cubanoamericana y los donantes internacionales, en su calidad de burócrata interventor designado por el gobierno de los EE.UU., figura similar a la que impusieron en el Irak ocupado.
La ofensiva de la Administración Bush para promover la “contrarrevolución desde ahora incluiría el testimonio ante el Congreso de figuras de alto rango del gobierno de EE.UU., quienes explicarían los esfuerzos que desarrollan ante el órgano legislativo.
También recomienda coordinar entre las agencias gubernamentales norteamericanas y las organizaciones internacionales la supuesta “ayuda humanitaria” que ofrecerían durante la transición.
Por último, establece pasos inmediatos que adoptaría el gobierno contrarrevolucionario durante la etapa de restauración del gobierno neocolonial, para “revisar” la situación de los prisioneros, la ley electoral, el sistema judicial penal, la policía y el entrenamiento de los jueces y fiscales con un marcado propósito de desmantelar de inmediato el sistema de justicia revolucionario y liberar a los elementos contrarrevolucionarios durante la primera etapa que reconocen que sería “potencialmente caótica”.
Consideraciones
La publicación del Plan Bush se da en el contexto de la frustración de la Administración Bush ante el fracaso de las medidas anteriores que no lograron sus propósitos: de destruir la Revolución, acabar con todos los avances socio-económicos alcanzados, privarnos de la independencia y soberanía, restaurar el capitalismo y perpetuar la dominación yanqui sobre la nación cubana.
El texto publicado ahora no se aparta ni un milímetro del Plan Bush. Todo lo contrario. Comienza por precisar que lo ratifica, saluda los supuestos éxitos que ha tenido su aplicación y sobre esa “sólida base” anuncia “medidas adicionales” para “precipitar” el fin de la Revolución cubana.
Las medidas contenidas en el anexo secreto son sumamente peligrosas y constituyen un mensaje nada disimulado de anunciarnos más ataques terroristas, nuevos intentos de asesinatos contra dirigentes de la Revolución e incluso la agresión militar.
Las medidas propuestas para acelerar la destrucción de la Revolución, contenidas en el Plan Bush implican un mayor recrudecimiento del bloqueo, un aumento significativo del financiamiento a la subversión, más guerra propagandística, de desinformación, y mayores intentos para internacionalizar la política contra Cuba, todo ello con el claro objetivo de provocar la desestabilización interna y lograr el respaldo internacional a su intervención militar directa.
Las medidas que este nuevo Informe propone para recrudecer el bloqueo están dirigidas a golpear a Cuba en esferas económicas en las que ha experimentado avances y a neutralizar básicamente su influencia en América Latina derivada de los programas de asistencia médica que desarrolla en dicha región.
Los fondos aprobados en este Informe para financiar la subversión, implicarían un incremento sustancial con respecto al Informe del 2004. Recuérdese que no se incluye en esta cifra lo que se canaliza por vía encubierta tal como lo posibilita la Ley Helms-Burton en su Sección 115, las cuales probablemente puedan encontrarse en el anexo secreto.
En lo que se refiere a los capítulos del 2 al 4, aparentemente se utiliza un lenguaje más cuidadoso, sofisticado y edulcorado, con la intención de confundir, ante el rechazo causado por la forma burda en que el primer Informe manipuló e ignoró la realidad cubana, por lo cual recibió críticas provenientes de todas partes, incluyendo aquellos que no simpatizan con la Revolución.
El Plan Bush, haciéndose eco de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2006 de los EE.UU., incorpora el criterio de la supuesta amenaza regional que Cuba representa al socavar los intereses de los EE.UU. en el Hemisferio.
Las reiteradas menciones que aparecen en este Informe al factor desestabilizador que constituye para la región la alianza política entre Cuba y Venezuela y a que el Gobierno cubano constituye una amenaza a la seguridad de los ciudadanos norteamericanos son argumentos que una vez avalados por el presidente Bush pasarían a formar parte de la sustentación política para emprender cualquier agresión contra Cuba y Venezuela.
El Plan Bush para la anexión de Cuba establece la proyección de la política que seguirá esta Administración en lo que le resta de mandato, o sea hasta enero de 2009, ratificando su determinación a forzar un “cambio de régimen”, que se disfraza bajo el engañoso concepto de promover la transición a la democracia, que no es más que un eufemismo para ocultar su objetivo histórico de destruir la Revolución y restablecer su dominio sobre Cuba.
 ARTÍCULOS DE RICARDO ALARCÓN
PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO GRANMA
Crónica de una guerra anunciada
"Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse".
(S. Lucas 12.2)
Por Ricardo Alarcón de Quesada
Tomado del periódico Granma,
5 de julio del 2006
El 20 de mayo del 2004, con pompa y fanfarria, George W. Bush anunció su Plan para la anexión de Cuba. El interminable engendro —más de 450 páginas— provocó una andanada de críticas provenientes de todas partes.
Ante todo, del pueblo cubano, a quien se le amenaza con el exterminio y con la liquidación de su nación. Cuba, según dice con todas las letras el siniestro Plan, simplemente desaparecería, dejaría de existir. Repasemos rápidamente lo que sucedería aquí si llegara a aplicarse lo que Bush aprobó:
• Devolución a sus antiguos dueños de todas las propiedades, incluidas todas las viviendas de las que millones de familias serían desalojadas, en menos de un año y bajo la supervisión y el control del gobierno norteamericano mediante la Comisión del gobierno de Estados Unidos para la Devolución de Propiedades.
• Se privatizarían completamente todos los aspectos de la economía incluyendo la educación y los servicios de salud; serían disueltas todas las cooperativas y restaurados los viejos latifundios; eliminarían la seguridad y asistencia social incluyendo todas las pensiones y retiros, y organizarían para los ancianos un programa especial de obras públicas que los emplearía mientras su estado de salud se los permita; se aplicarían rigurosamente las pautas del neoliberalismo más crudo. De todo esto se encargaría otro aparato gubernamental yanki, el Comité Permanente del gobierno de Estados Unidos para la Reconstrucción Económica.
• Como llevar a cabo lo que antecede encontraría la tenaz e invencible resistencia del pueblo ("no será fácil", reconoció Bush en el mentado documento), darían la máxima prioridad a la represión masiva y generalizada: contra todos los militantes del Partido, todos los miembros de las organizaciones sociales y de masas y también "otros simpatizantes del Gobierno", según afirma el texto que advierte (¿hacía falta?) que "la lista —de las víctimas de la represión— será larga". De esto igualmente se ocuparía directamente el gobierno de Estados Unidos con un aparato represivo "organizado y dirigido por el Departamento de Estado".
• La dirección de este programa estaría en manos de un burócrata designado por Bush con el pomposo cargo de "Coordinador para la transición y reconstrucción de Cuba", una especie de interventor y Gobernador General para la Isla como lo fuera hace más de un siglo el General Leonard Wood. Tendría las mismas funciones —incluso igual título— que las que desempeñó el señor Brenner en el Iraq destrozado e invadido. Solo que en el caso de Cuba el Coordinador ya fue designado, un tal Caleb McCarry, quien ha visitado algunos países europeos para recibir desvergonzada complicidad. Su anticipada designación fue presentada por el propio Bush como prueba de que su Plan contra Cuba y los cubanos va en serio, no se queda en las palabras.
• El Plan Bush incluyó también medidas específicas contra los cubanoamericanos, a quienes se les restringió drásticamente los vínculos con sus familiares en Cuba, se les eliminó la licencia general para visitarlos y se les impuso la discriminatoria limitación de solo poder hacerlo una vez cada tres años si les otorgan un permiso especial para ello y todo dentro de la cruel y arbitraria redefinición del concepto de familia, del cual quedan excluidos los tíos, sobrinos, primos y otros parientes.
Para alcanzar su meta, el Gobierno norteamericano intensificaría sus acciones para poner fin a la Revolución cubana siguiendo tres líneas fundamentales: un bloqueo económico cada vez más riguroso, el aumento del financiamiento y el apoyo material a los grupúsculos mercenarios internos y una siempre creciente campaña de propaganda y desinformación.
Cualquiera sabe que ese empeño por derrocar a un gobierno de otro país, cambiar su régimen político, económico y social y someterlo a su dominio es un escandaloso ultraje a la legalidad internacional solo concebible en gente con mentalidad fascista.
Es tan obvio el carácter ilegal y agresivo del Plan Bush, tal su delirante desmesura, que fue objetado abiertamente hasta por entidades e individuos que son adversarios de la Revolución cubana y defensores de las políticas e intereses imperialistas. Ese fue el caso de algunos miembros del llamado Diálogo interamericano —incluyendo a conocidos enemigos de Cuba— que emitieron una carta pública rechazando ese Plan porque ven en él un llamado a la guerra y la violencia. Hubo quien lo calificó de "aterrorizante" y como "lo más explosivo en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en los últimos 50 años".
Bush consiguió algo que es el sueño de cualquier político norteamericano: unir el más amplio frente, desde la izquierda hasta la derecha. Solo que esta vez coincidían para criticarlo a él y a su endemoniado Plan.
Pero él contaba con algo a su favor. La misma prensa, los famosos medios de comunicación que lo acompañaron en mayo del 2004 y se hicieron eco de su show publicitario, supieron después guardar hermético, disciplinado silencio durante el resto de ese año y después. Algo que era "lo más explosivo" en medio siglo, sencillamente desapareció de la atención de los "informadores". El tema, simplemente, dejó de existir. Y así fue durante año y medio. Hasta diciembre del 2005.
De pronto, sin venir al caso, cuando ya todos habían olvidado el asunto, se anunció desde Washington que iban a emitir otro Informe sobre Cuba en mayo del 2006.
Se multiplicaron las especulaciones. Hubo incluso, entre los políticos y académicos que desde la derecha criticaron las barbaridades simplonas del Plan Bush, quienes imaginaron la posibilidad de una rectificación.
Llegó el 20 de mayo del 2006. Se inquietaron los medios y preguntaron. Pero nada sucedió ese día ni en los días y semanas siguientes. Los voceros oficiales respondieron con evasivas a las indagaciones de los periodistas. Hasta que unos y otros, una vez más, olvidaron el asunto.
Llegó la tercera semana del pasado junio y de modo extraño, sigilosamente, apareció en el sitio en Internet del Departamento de Estado fechado 06/20/2006. Pero, al parecer, nadie lo vio. Transcurrió una semana en la que voceros e informadores guardaron silencio total. Hasta que algunos medios de Miami y ciertas agencias noticiosas "descubrieron" lo que decidieron bautizar como "borrador". Curiosamente el hallazgo se produjo al mismo tiempo. Y no en cualquier momento, sino precisamente cuando comenzaba el más prolongado feriado de Estados Unidos que se extendería hasta el martes 4 de julio. Como para que la información fuera sepultada en medio de los fuegos artificiales, la retórica patriotera y las ventas especiales en sus centros comerciales con los que allá suelen recordar el aniversario de la Independencia.
El texto publicado ahora no se aparta ni un milímetro del Plan Bush. Todo lo contrario. Comienza por precisar que lo ratifica, saluda los supuestos éxitos que ha tenido su aplicación y sobre esa "sólida base" anuncia "medidas adicionales" para "acelerar" el fin de la Revolución cubana.
Esas medidas merecen ser analizadas y me propongo hacerlo más adelante.
Pero hay algo que exige la denuncia más enérgica y urgente. Algo absolutamente insólito.
Antes de exponer las "medidas adicionales", las que hace públicas, el Informe dice que existen otras contenidas en un anexo que permanece secreto por "razones de seguridad nacional" y para asegurar su "efectiva realización".
Después de haber divulgado todo lo que han divulgado —decenas de millones de dólares más para sus mercenarios, nuevas restricciones económicas y acciones ilegales contra el comercio internacional y la soberanía de Cuba y de otras naciones, castigos adicionales para los cubanos y para ciudadanos de otros países— y de haber hecho público hace ya más de dos años su Plan en que hasta el más mínimo detalle describe su intención de recolonizar a Cuba, después de todo eso, ¿qué es lo que a estas alturas tienen que ocultar con el máximo secreto? ¿Qué esconden por razones de "seguridad nacional y efectiva realización"?
¿Más ataques terroristas? ¿Nuevos intentos de asesinato contra Fidel? ¿La agresión militar? Tratándose de Bush y sus compinches cualquier cosa es posible.

 El Mein Kampf de Bush
Por Ricardo Alarcón de Quesada
Tomado del periódico Granma,
13 de julio de 2006
"Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de salir a luz". (S. Marcos, 4. 22)
No exagera un ápice Tom Crumpacker (*) al comparar el Plan anexionista de Bush con el Mein Kampf de Hitler. Son, efectivamente, los únicos ejemplos disponibles de planes para subyugar a una nación anunciados públicamente.
Coinciden, además, en su carácter genocida y racista. En mi anterior artículo sobre este tema recordaba que el Plan Bush, si fuera realizado, liquidaría a Cuba, la nación, pero también esclavizaría a los cubanos hasta el exterminio. Esa fue la experiencia que sufrieron millones de personas en los países europeos ocupados por las hordas hitlerianas.
El bloqueo contra Cuba es, sin duda, un crimen de genocidio. Ha sido eso desde el primer día y lo es hoy. A esa definición corresponde exactamente una política que se propone "causar hambre y desesperación", como consta en documentos oficiales de 1959 y 1960 finalmente desclasificados. El Plan del 2004 y las medidas adicionales que aprobó Bush el pasado lunes, tratan de aumentar el sufrimiento de todos los cubanos. Pero aspiran a ir más allá. El discípulo de Hitler, como su maestro, no reconoce fronteras.
El bloqueo, concebido inicialmente y aplicado así durante casi medio siglo, para afectar gravemente a Cuba y a todos sus ciudadanos, quiere desbordarse ahora para caer, como un látigo, sobre cualquier otro país y sobre cualquier otro pueblo del Tercer Mundo.
KATRINA PARA TODOS
Entre las nuevas medidas están las que buscan dañar la colaboración médica cubana con otros países. Quieren, específicamente, impedir los servicios que aquí se ofrecen a miles de pacientes que han sido curados de catarata u otras afecciones oculares y han recuperado la visión, o reciben esos beneficios en sus propios países; tratan de frustrar la formación en Cuba de miles de jóvenes que estudian Medicina y otras carreras; y se empeñan igualmente para sabotear las misiones que nuestros médicos, técnicos y enfermeros realizan en el exterior. Bush se imagina capaz de acabar con la Operación Milagro, con la Brigada Internacionalista Henry Reeve, con la ELAM.
Desde luego que "del dicho al hecho hay un gran trecho". O adaptando para la ocasión otro refrán popular, "una cosa piensa Bush y otra el bodeguero". Pero, independientemente de que pueda alcanzarlo o no, está entre las cosas que él acaba de aprobar, entre las porquerías que viene de anunciar.
Eso es lo que proclama, en las páginas 31 y 32, del documento que aprobó el 10 de julio: "negar toda exportación" relacionada con equipos médicos que puedan ser usados en "programas médicos en gran escala para pacientes extranjeros" o en "instituciones de asistencia extranjeras".
Tal propósito implica, irónicamente, el reconocimiento de una realidad cada vez más difícil de ocultar: el hermoso despliegue del internacionalismo y la solidaridad humana del que son testigos millones de personas desde Paquistán e Indonesia, atravesando África y el Caribe, hasta los Andes y Centro américa.
Ni el imperio arrogante, ni ninguno de sus acólitos en otros países capitalistas, pueden mostrar nada que se parezca, siquiera remotamente, a ese ejemplo de genuina cooperación internacional, de verdadera lucha por la vida y los derechos más elementales de millones de seres humanos. Ninguno de aquellos es capaz de hacer lo que esta Isla pequeña, agredida y hostigada.
Causa indignación que aún haya miles de víctimas del huracán Katrina en Louisiana, Mississippi y Alabama reclamando ayuda, no son pocos los que fueron desplazados y viven como refugiados en su propio país, muchos los que murieron sin protección ni asistencia que Bush impidió se las diera esa misma Brigada Henry Reeve que ahora quiere destruir, miles los niños desaparecidos y miles los padres que aún los buscan. Nueva Orleans y el Katrina quedarán para siempre como símbolos de la inhumanidad intrínseca al capitalismo. El "recen y váyanse" de Bush, resumen de su torpe insensibilidad, lo perseguirá hasta el infierno.
Que Bush, como Hitler, desprecia a los pobres y a los negros de Estados Unidos, que le importa un bledo si mueren abandonados, eso ya se sabe. Pero ahora sabemos también porque acaba de reconocerlo abiertamente, que su odio alcanza también a todos los pobres, a todos los indios, a todos los negros y mestizos de este mundo. Urge detenerlo y derrotarlo.
Crumpacker recuerda que cuando el Mein Kampf fue publicado en 1924, muchos europeos sencillamente lo ignoraron. Quince años después sobre ellos cayó su peor tragedia.
La historia no debe repetirse.
La situación ahora es peor. Bush tiene armas que no conoció su maestro. Cuando elaboró su infame panfleto, Hitler estaba en prisión. Su pupilo, anda suelto. No hay tiempo que perder.
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(*) Planning for the Re-Colonization of Cuba, tomado de Internet. Tom Crumpacker vive en Austin, Texas, es miembro de la Coalición de Miami para poner fin al bloqueo norteamericano contra Cuba.

El mein kampf de Bush y la bella durmiente
Por Ricardo Alarcón de Quesada
Tomado de Granma Digital
18 de julio de 2006
EL 10 de julio de 2006 Bush aprobó "medidas adicionales" contra Cuba algunas de las cuales apuntan directamente a quienes comercian con la Isla o tienen inversiones aquí. Entre ellas reitera la posibilidad de iniciar los juicios previstos en el Título III de la Ley Helms-Burton para algunos países selectivamente —por el lenguaje empleado parece que amagan con empezar por Venezuela pero nadie sabe lo que ocurrirá una vez que destapen la Caja de Pandora— y anuncia que "aplicarán vigorosamente" el Título IV "enfocando especialmente su aplicación" precisamente en aquellos sectores donde están más involucrados los europeos.
Cuando en 1996 Estados Unidos promulgó la Ley Helms-Burton hubo protestas en Europa. Calificaron el texto norteamericano como extraterritorial y contrario a las normas relativas al comercio internacional. Pero no condenaron su carácter genocida e intervencionista, ni su propósito de acabar con la independencia y soberanía de Cuba y de someterla a un régimen de servidumbre y completa dominación.
A la Unión Europea nada más le molestaban algunos aspectos de aquella Ley que afectaban sus propios intereses. Por eso protestó solamente por los Títulos III y IV del adefesio legislativo.
El primero otorga una autoridad completamente ilegal a los tribunales norteamericanos para emprender juicios, a partir de reclamaciones presentadas por supuestos ex dueños de propiedades nacionalizadas por la Revolución, contra cualquier persona que las utilice ahora de cualquier manera, y el otro niega visas de entrada a Estados Unidos a quienes inviertan en Cuba, prohibición que extienden también a sus cónyuges e hijos y de la cual han sido objeto ya personas de diversas nacionalidades.
Sobre el resto, la parte más grave y extensa del documento, Europa no emitió sonido alguno. De esos capítulos no habló sencillamente porque los gobiernos europeos, de un modo u otro, eran cómplices de la política anticubana de Washington.
Se vieron obligados a criticar parcialmente la Ley por la presión de la opinión pública y sobre todo por la de los empresarios del Viejo Continente cuyos vínculos económicos y comerciales con Cuba, enteramente legítimos, encaran sanciones ilegales y burdas amenazas del gobierno de Estados Unidos.
La Unión Europea presentó entonces una demanda oficial contra Washington ante la Organización Mundial de Comercio. Quien revise la prensa de hace diez años encontrará fácilmente centenares de artículos, declaraciones e informaciones sobre esa demanda. Algunos hablaban de una inminente guerra comercial. Parecía que se iba a acabar el mundo.
Pero también la prensa reportaba diariamente las frecuentes reuniones de los representantes de ambas partes: Stuart Eizenstat y Leon Britan. Cuando el primero no visitaba al otro en Bruselas, este se desplazaba para encontrarlo en Washington. Sus convites eran reflejados en los medios informativos casi con el mismo interés con que tratan a las más notorias parejas de la farándula.
Finalmente se pusieron de acuerdo y lo anunciaron a bombo y platillo: la Unión Europea retiraba su demanda ante la OMC y declaraba además que seguiría apoyando los intentos norteamericanos para subvertir a la sociedad cubana. Por su parte la Administración en Washington no emplearía contra ella los mentados títulos III y IV y se comprometía a gestionar ante su Parlamento las enmiendas necesarias para modificar a ese respecto la Ley Helms-Burton.
El ofrecimiento norteamericano era, por cierto, ridículo. La sustancia del Título III es la amenaza de entablar pleitos ante sus tribunales federales cuyo número pudiera ser de tal magnitud que caotizaría el sistema judicial como advirtió a tiempo el propio gobierno norteamericano. Es por esa razón, y no por ninguna otra, que la misma Ley Helms-Burton dio la autoridad al presidente para suspender por seis meses el derecho a promover tales procesos, algo que Clinton hizo desde el instante que promulgó la Ley —mucho antes del primer gemido europeo— y que siguió haciéndolo, él y Bush, y ya lo han hecho veinte veces. Estados Unidos le "daba" a Europa lo que ya se había dado a sí mismo, y por su propio interés, desde el primer día.
En otras palabras, después de tanto alboroto, Europa se contentaba con una insulsa promesa y a cambio ella era la única que actuaba y para hacer exactamente lo que le ordenaban.
Han pasado diez años. Ni la administración Clinton ni la de Bush en ningún momento, de cualquier forma, directa o indirecta, han hecho gestión alguna para cumplir lo que habían prometido solemnemente. Ni siquiera han intentado simularlo. Sencillamente no hicieron nada. Absolutamente nada.
Y no lo hicieron porque su interlocutor tampoco recordaba el supuesto compromiso. Europa dejó transcurrir diez años sin parpadear aunque Washington no cumplía su promesa. Peor aún. Nunca reaccionó, durante ese periodo, cuando los norteamericanos castigaron arbitrariamente a empresas europeas al amparo de una Ley que sigue intacta. Europa, en profunda quietud, dormía.
¿Por qué debería respetar su compromiso Estados Unidos si sabe que siempre puede contar con los servicios de la obediente, disciplinada Unión Europea?
Más aún, cada vez que lo considera oportuno, el gobierno norteamericano agradece públicamente la cooperación europea en la realización de sus planes anticubanos. Cooperación tan generosa y desinteresada que no ha sido afectada por las repetidas violaciones a su soberanía y a los derechos de sus empresas y sus ciudadanos. Nada perturba su plácido sueño.
Llegó el mes de mayo del 2004. Con gran fanfarria Bush puso en vigor su Plan en el que, en fiel acatamiento de la Ley Helms-Burton, describe hasta el detalle el genocidio que imagina podrá realizar con Cuba y los cubanos. El Plan Bush contiene también nuevas medidas para recrudecer la guerra económica que nos impone.
Y entre esas medidas hay muchas específicamente referidas a otros países que incluyen a los miembros de la Unión Europea. Ni una palabra de modificar la Ley Helms-Burton. Muchas —casi 500 páginas— para repetir hasta el cansancio que la impondrán con todo rigor. Entre otras numerosas acciones Bush amenazó con permitir los juicios previstos en el Título III y anunció el reforzamiento del aparato burocrático encargado de ejecutar las sanciones que contempla el IV.
Pasaron otros dos años completos. Llegamos a julio del 2006. La Unión Europea guarda silencio. Ninguna Cancillería ha susurrado siquiera una palabra.
Hasta ahora nadie en Europa se ha dado por enterado.
Pedirles que condenen el plan secreto para atacar a la Revolución, las nuevas y aun más crueles restricciones a las familias cubanas, las estúpidas y criminales prohibiciones contra sus Iglesias, los desvergonzados intentos por socavar la Operación Milagro y los servicios de salud que salvan la vida de millones, sería, seguramente, pedirles demasiado.
¿Pero lo es acaso sugerirles que defiendan los intereses de sus propios ciudadanos? ¿Recordarles, con el debido respeto, aquel papel que suscribió el caballero Britan con su inseparable amigo? Probablemente no valga la pena.
Quizás sea más práctico no perturbar el sueño de la Bella Durmiente.
En eso de pactar con los fascistas, de dejarles las manos libres, hay bastante experiencia allende el Atlántico. Pero también la hay, dolorosamente, de las consecuencias. No son pocos, por suerte, quienes aún recuerdan a Munich y Chamberlain y su paraguas y todo el horror que vino después.